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miércoles, 24 de octubre de 2007

SE EMPIEZA A SENTIR LA PRESION INTERNACIONAL



Publicado en el diario El Universal

AIR exige devolución de señal a RCTV

También reclamaron el retorno de los equipos que hoy utiliza TVES

JUAN FRANCISCO ALONSO

EL UNIVERSAL

La devolución de la frecuencia en la que Radio Caracas Televisión (RCTV) trasmitió en señal abierta hasta el pasado 27 de mayo, así como de sus antenas, trasmisores y equipos de microondas, exigió la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) al gobierno del presidente Hugo Chávez.

Desde la ciudad ecuatoriana de Manta, donde esta semana celebró su Asamblea General, el organismo que agrupa a cientos de televisoras y emisoras radiales privadas de América y Europa emitió tres resoluciones cuestionando la decisión del Ejecutivo de no renovarle la concesión a la estación propiedad del grupo 1BC.

En el documento número 27, la AIR reiteró que la resolución oficial contra RCTV "es contraria a los principios democráticos" y que "violenta el derecho a la libertad de expresión de todos los venezolanos, que se ven impedidos de escoger libremente el canal de su preferencia", pero, además, afirmó que seguirá de cerca la situación que vive esa planta "hasta la restitución de su señal al aire".

Tras afirmar, en la resolución 28, que la medida contra el otrora canal 2 "constituye un grave precedente para todos los radiodifusores de las tres Américas, Europa y Asia", el organismo internacional solicitó a sus miembros que todos los días 27 de cada mes realicen "manifestaciones, declaraciones o acciones" en repulsa contra el Ejecutivo, hasta tanto éste no le permita a la estación privada más antigua de Venezuela reiniciar sus emisiones en señal abierta.

Al César lo que es del César
La AIR también condenó el fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del pasado 25 de mayo, que le permitió a la nueva Televisora Venezolana Social (TVES), la cual ocupó el espacio de RCTV, utilizar los equipos de transmisión del canal dirigido por Marcel Granier, por tiempo indefinido y sin ningún tipo de compensación económica.

En su resolución número 26, la instancia internacional demandó de las autoridades venezolanas que le devuelva al grupo 1BC todos los aparatos "en el mismo estado y operatividad en que se encontraban para el momento de su incautación", no sin antes acusarlas de haber violado el ordenamiento jurídico al adoptar esta resolución.

Por último, le recordó que el derecho a la propiedad "es inherente a la condición humana y constituye uno de los fundamentos de toda sociedad verdaderamente democrática, libre y justa".