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Es probable que los únicos sorprendidos por la decisión del presidente venezolano, Hugo Chávez, de nacionalizar la empresa siderúrgica Ternium Sidor, controlada por el grupo argentino Techint, hayan sido funcionarios del gobierno argentino.
Quienes conocen y siguen los pasos del régimen chavista pueden dar fe de que este manotazo sobre la propiedad privada no fue súbito ni se debió a un conflicto salarial, que distaba de ser insoluble. Por el contrario, se trata de una medida propia de un proyecto estratégico del gobierno de Venezuela, cuyo principal objetivo no es otro que seguir concentrando el poder político y económico, con la intención de hacerle creer a la ciudadanía de ese país que hay un Estado benefactor ilimitado.
Cabe consignar que el Estado venezolano no sólo se ha hecho fuerte a partir del petróleo y de sus elevados precios internacionales. En los últimos tiempos, también ha avanzado sobre otros sectores estratégicos de la economía, como las comunicaciones, la industria cementera y, ahora, el acero, al adueñarse de la principal empresa de esa actividad en el país caribeño.
Se trata de una decisión que toca intereses argentinos, por cuanto el grupo Techint, a través de su empresa Ternium, y la compañía brasileña Usiminas controlan el 60 por ciento de la compañía venezolana.
No fue casual que distintas entidades empresariales de nuestro país elevaran su voz en contra de la decisión del gobierno de Caracas. Tanto la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) expresaron, en distintos comunicados, su honda preocupación por la medida estatista. También el gremio metalúrgico de la Argentina, a través de su secretario administrativo, Naldo Brunelli, se hizo presente, enviándole a Chávez una carta en la cual le pide que preserve "la unidad de Ternium" como un ejemplo de "integración latinoamericana".
La estatización de Ternium Sidor, además de un desaire del presidente venezolano a sus pares de la Argentina y de Brasil, plantea un contrasentido con las ansias del gobierno venezolano de incorporarse como miembro pleno al Mercosur. Esta incorporación fue apoyada por las autoridades argentinas, aunque aún no ha sido aprobada por el Poder Legislativo brasileño.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el Congreso argentino deberían meditar seriamente sobre la conveniencia de incorporar al bloque económico regional a un país como Venezuela, cuyo gobierno, además de ser muy poco respetuoso de los principios republicanos, ahora amenaza con lesionar severamente los intereses económicos de la Argentina y de Brasil, con su cachetada a Ternium Sidor.
Para nuestro país, en fin, sería una buena oportunidad para diferenciarse ante el mundo de un régimen, como el de Chávez, al que lamentablemente ha estado siempre asociado el actual gobierno nacional. Tal vez, sería una magnífica ocasión para dirigir la mirada hacia otros países de la región, como Perú, que acaba de obtener la calificación de investment grade, representativa de un muy bajo riesgo país, de la mano de un presidente como Alan García, que ha evolucionado tan grata como sorprendentemente de los viejos discursos izquierdistas que potenciaron el fracaso de su anterior gestión, dos décadas atrás.
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